Se recibió una queja ante esta Procuraduría en la que se denunciaba la falta de respuesta a una petición formulada ante un ayuntamiento de la provincia de Burgos para que disminuyese la intensidad del sonido de las campanas del reloj instalado en la torre de la iglesia parroquial. A pesar de que la Administración municipal no contestó a nuestra solicitud de información (lo que motivó su inclusión en el Registro de entidades no colaboradoras con esta Institución), se formuló una Resolución para que solicitase a la Diputación Provincial de Burgos realizar un estudio de medición acústica desde el interior de la vivienda propiedad del vecino denunciante, con el fin de determinar si este sonido sobrepasa los límites de los niveles sonoros fijados en el Anexo I de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, adoptando, en el supuesto de que se acreditase el incumplimiento, las medidas pertinentes para erradicar dichas molestias. Todo ello, sin perjuicio de que, como ha solicitado el autor de la queja, pueda valorar la Administración municipal eliminar el sonido del reloj objeto de la presente queja en horario nocturno.
En la queja planteada se abordó la situación del tramo superior de una calle situada en el municipio de Béjar (Salamanca), respecto del cual varios vecinos denunciaban la falta de acondicionamiento y las dificultades de acceso a diversas viviendas habitadas. Según la reclamación, el vial presenta una fuerte pendiente y un estado que dificulta el tránsito ordinario de personas y vehículos, incluyendo la posible intervención de servicios de emergencia. El Ayuntamiento informó de que el tramo afectado está clasificado por el Plan General de Ordenación Urbana como suelo rústico con protección natural, circunstancia que, a su juicio, impide ejecutar una pavimentación convencional propia de una calle urbana. También señaló que la vía coincide parcialmente con el trazado de una antigua cañada y que las características naturales del terreno limitan las actuaciones posibles. En nuestro análisis, recordamos que las limitaciones urbanísticas derivadas de la clasificación del suelo pueden impedir determinadas obras de urbanización, pero no eximen al Ayuntamiento de su obligación de conservar y mantener los caminos y viales públicos que sirven de acceso efectivo a viviendas habitadas. La resolución destaca que la cuestión principal no es la urbanización del vial, sino garantizar unas condiciones mínimas de accesibilidad, seguridad y funcionalidad compatibles con el uso que actualmente presta. Asimismo, se puso de relieve la importancia de mantener adecuadamente este tipo de accesos para facilitar la llegada de ambulancias, vehículos de extinción de incendios, protección civil y otros servicios esenciales. Esta necesidad adquiere una relevancia especial en Béjar, municipio incluido en el Anexo III del Plan INFOCAL como zona de máximo riesgo de interfaz urbano-forestal, donde la accesibilidad de la red viaria resulta fundamental para la gestión de emergencias y la protección de la población. Por ello, se recomendó al Ayuntamiento evaluar técnicamente el estado actual del vial y adoptar las medidas de conservación compatibles con la normativa urbanística aplicable, tales como labores de limpieza y desbroce, regularización y perfilado del firme, mejora de drenajes, estabilización de zonas erosionadas y eliminación de obstáculos. También se instó a establecer un sistema de seguimiento periódico que garantice unas condiciones adecuadas de acceso a las viviendas y a los servicios de emergencia.
En este expediente se analizó la existencia de posibles deficiencias en la red municipal de recogida de aguas pluviales, que según la persona reclamante estarían provocando desde hace años inundaciones recurrentes en una vivienda y un almacén de grano, situados en una localidad de la provincia de Segovia con los consiguientes perjuicios económicos. El Ayuntamiento informó inicialmente que tenía conocimiento de las reclamaciones desde el año 2014 y que las inspecciones realizadas por los servicios técnicos de la Comunidad de Villa y Tierra encargada del mantenimiento de la red no habían detectado averías, roturas ni obstrucciones en la red pública, atribuyendo las humedades a posibles problemas de la acometida privada, a las características constructivas del inmueble y a su ubicación en una zona susceptible de encharcamientos. No obstante, anunció que solicitaría una nueva inspección técnica más exhaustiva y la emisión de un informe escrito sobre el estado de las conducciones. Sin embargo, pese a los sucesivos requerimientos realizados, el Ayuntamiento no remitió la ampliación de información solicitada, impidiendo conocer si la inspección anunciada llegó a efectuarse, cuáles fueron sus resultados y qué actuaciones se habían adoptado. Esta falta de colaboración motivó el mantenimiento del Ayuntamiento en el Registro de Administraciones y Entidades no colaboradoras. Pese a ello, y con los datos recabados consideramos que la persistencia del problema durante más de una década y la existencia de versiones contradictorias sobre su origen hacían imprescindible la elaboración de un informe técnico completo y documentado sobre el estado de la red de pluviales, su capacidad de evacuación y la posible existencia de roturas o deficiencias. Por ello, se formuló una Resolución para que el Ayuntamiento impulsara dicha inspección técnica, adoptara las medidas correctoras que resultaran necesarias, informara expresamente a la persona afectada sobre las conclusiones alcanzadas y cumpliera en adelante con su obligación de colaborar con las investigaciones del Procurador del Común.
El objeto de este expediente se ha centrado en el irregular proceso de selección de participantes en un certamen taurino celebrado en un municipio de esta Comunidad, al haberse producido la inscripción de un menor que no cumplía la edad mínima requerida para participar en este festejo.
Reconocida expresamente esta circunstancia por el Ayuntamiento organizador del acto, sobre el que pesaba el control del cumplimiento del requisito de la edad mínima exigida para participar en el mencionado certamen taurino con carácter previo a la admisión, pudo confirmarse que el mismo no había desarrollado las comprobaciones necesarias, ni antes ni el mismo día del evento, para evitar la participación de una persona que incumplía el requisito de edad exigido. Por el contrario, había admitido su participación pese a no cumplir la edad necesaria para ello, vulnerando las bases reguladoras del certamen.
La decisión de admitir a tal aspirante resultó, pues, irregular desde el origen, dando lugar a un acto declarativo de derechos favorable al mismo, que eventualmente pudo perjudicar a otros posibles candidatos que, pese a cumplir los requisitos exigidos, pudieron haber sido descartados de la participación en el festejo y, por tanto, de la posibilidad de obtener el premio.
Por ello, se recomendó a la referida Corporación que valorase la necesidad o conveniencia, en base a los principios de seguridad jurídica y buena administración, de dejar sin efecto el acto por el que se había admitido dicha participación, a través del procedimiento legalmente establecido y con las garantías debidas, y con las consecuencias que, en su caso, se pudieran derivar en cuanto al premio otorgado.
Ello sin perjuicio de reclamarle al mismo tiempo que en próximas celebraciones del festejo taurino se desarrollaran las actuaciones oportunas para garantizar el cumplimiento de la prohibición de participación de aquellas personas con una edad inferior a la mínima exigida en las normas que anualmente regularan el espectáculo.
El motivo de la queja era la construcción de un bordillo en el límite de una parcela colindante a un vial que había sido pavimentado. El reclamante expuso que el bordillo impedía el acceso a la propiedad y hacía que las aguas pluviales se embalsaran en ella.
Desde el Ayuntamiento se promovieron algunas reuniones con familiares de la persona afectada para explicarles los motivos técnicos de la colocación del bordillo y el Alcalde consideró que no era preciso responder por escrito a las reclamaciones.
El propietario de la parcela solicitó al Ayuntamiento que retirara el bordillo –o procediera a rebajarlo en el acceso a la parcela- y que corrigiera la derivación de las aguas de escorrentía hacia su parcela, lo cual puede incardinarse en la obligación general de la Administración de reparar aquellas lesiones que sufran los administrados en sus bienes o derechos derivadas del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
El Procurador del Común consideró que el Ayuntamiento no estaba exento de su deber de resolver la solicitud, por tanto, debía valorar la necesidad de adoptar las medidas propuestas por el interesado y notificarle su decisión.
En este expediente se analiza la disconformidad vecinal con la ubicación de un grupo de contenedores instalados junto a una vivienda situada en un municipio situado en la provincia de Burgos. Este municipio esta integrado en una Mancomunidad para la prestación del servicio de recogida y tratamiento de estos residuos. En la queja se alude a la acumulación de múltiples dispositivos a escasa distancia de una vivienda, lo que genera ruidos, olores, daños en el vallado y episodios de depósito indebido de residuos. Pese a las reclamaciones presentadas ante la Mancomunidad, no se ha producido actuación alguna ni respuesta a los escritos. Además la Mancomunidad no atendió ninguno de los requerimientos de información cursados por esta Defensoría, lo que supone un incumplimiento de su obligación legal de colaboración. El Ayuntamiento, por su parte, confirma la existencia de hasta cinco contenedores en ese punto, reconoce daños derivados de la recogida y admite que se han descartado otras ubicaciones sin una valoración técnica formal, en un contexto en el que no existe ordenanza reguladora ni criterios públicos de selección de emplazamientos. en la resolución formulada se recuerda que la organización del servicio de recogida —cuando está compartida con entidades supramunicipales— exige decisiones coordinadas basadas en criterios de eficacia, proximidad, sostenibilidad y proporcionalidad. La concentración de un número elevado de contenedores en un solo punto próximo a una vivienda puede generar impactos acústicos, sanitarios y visuales que deben ser ponderados. La falta de respuesta a las reclamaciones vulnera, además, el deber legal de resolver y el principio de buena administración. La resolución insta a la Mancomunidad a revisar técnicamente la idoneidad del emplazamiento actual en coordinación con el Ayuntamiento, estudiando alternativas viables y evitando concentraciones excesivas de recipientes. Asimismo, recomienda adoptar medidas correctoras si se mantiene parte de la instalación y exige responder de forma expresa y motivada a las solicitudes ciudadanas. Finalmente, recuerda la obligación de colaboración con el Procurador del Común, incumplida durante la tramitación del expediente.